A partir del primer trimestre del 2019, todas las personas jurídicas tiene la obligación de suministrar al Ministerio de Hacienda, al Instituto Costarricense sobre Drogas y al Banco Central de Costa Rica, la composición accionaria de sus compañías con el fin de identificar a los beneficiarios finales de las mismas.
Los representantes legales de cada compañía son los responsables de cumplir con esta obligación ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales a través de la firma digital. En virtud de lo anterior, todos los representantes legales deben obtener la tarjeta de firma digital en las oficinas de registro autorizadas por el Banco Central de Costa Rica.
Aquellas personas jurídicas que no cumplan con este requisito, se les negará el acceso a solicitar personerías jurídicas para sus trámites del día a día de sus negocios tanto en el sistema digital del Registro Nacional, como por los Notarios Públicos.
Para obtener asesoría legal en este tema o cualquier otro en relación a las nuevas obligaciones de las personas jurídicas, por favor no dude en contactarnos.
Por Andrea Castro Abogada
andrea.castro@guardiamontes.com
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